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Rumores de una muerte cruzada se escuchan en la Asamblea

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El presidente de la República, Guillermo Lasso, tiene la potestad de utilizar los mecanismos constitucionales para llamar a la consulta popular y la muerte cruzada para destrabar el trámite de la Ley de Creación de Oportunidades, pero no siempre el que pone en práctica esos recursos gana.

Lo advirtió la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, al insistir que frente a la Ley remitida por el Ejecutivo lo que corresponde es subsanar los errores de fondo y de forma del proyecto de Ley de Creación de Oportunidades y a la vez volver a ingresar el proyecto.

En el interior de la legislatura, las distintas fuerzas políticas empezaron a debatir sobre una posible muerte cruzada, contemplada en el artículo 148 de la Constitución, que otorga atribuciones al primer mandatario como disolver a la Asamblea Nacional cuando a su juicio de forma reiterada o injustificada obstruye la ejecución del plan nacional de desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna.

La alternativa sobre aplicar el artículo 148 de la Carta Magna forma parte del análisis que realiza el Ejecutivo frente al bloqueo de parte de la Asamblea Nacional a sus iniciativas legislativas, como la Ley de Creación de Oportunidades y la proforma presupuestaria.

Sin embargo, Guadalupe Llori, este 12 de octubre, ante la prensa emitió un discurso conciliador frente al Ejecutivo para superar la pugna política derivada por el trámite del proyecto de Ley de Creación de Oportunidades.

Recordó que en su presidencia la Asamblea Nacional jamás ha criticado las políticas públicas del presidente de la República, que jamás han confrontado. Que en esta ocasión solamente se tiene que respetar la Ley y la Constitución. “Estamos pidiendo que se subsane y que por el lado de la Asamblea Nacional no hay ningún problema, incluso que se abra un canal de diálogo y coordinación técnica entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional”, destacó.

Abrir canales de diálogo para demostrar que “podemos estar juntos en la reactivación económica, el empleo, la equidad, en la inclusión y bienestar de todos los ecuatorianos”, fue el llamado reiterado que emitió la máxima autoridad de la Función Legislativa.

Frente a la posibilidad de una consulta popular o muerte cruzada, Llori advirtió que se gastaría entre $ 90 y $ 100 millones, aproximadamente, para una consulta popular, pudiendo hacer verdaderos canales de diálogo para conversar. “Ponernos de acuerdo y que haya ese reencuentro entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, y trabajar de manera conjunta, no hay necesidad de hacer gastos onerosos o inquietar al pueblo ecuatoriano”, insistió.

Llori reiteró que la Asamblea no ha entorpecido ni frenado ningún proceso, lo que se ha solicitado es que se cumpla con la Ley y Constitución; por ello, dijo que es necesario bajar tensiones.

Sobre la investigación respecto a los Pandora Papers, la presidenta de la legislatura comentó que no necesariamente la indagación debe concluir en un juicio político al jefe de Estado.

El socialcristiano Esteban Torres manifestó que es verdad que el Ejecutivo está considerando aplicar la figura constitucional de la muerte cruzada, pero aclaró que esa acción implica la muerte de las dos funciones del Estado: Asamblea Nacional y Ejecutivo.

Además aclaró que la muerte cruzada permite al Ejecutivo legislar vía decreto, durante dos meses, pero que todas esas decisiones pueden ser revisadas por la nueva Asamblea.

Ronny Aleaga, legislador de la bancada Unión por la Esperanza (UNES), expresó que la posibilidad de establecer una muerte cruzada no asusta en la Asamblea, lo que sí molesta es que personas que no están vinculadas en los temas sean las que hacen correr el rumor.

Para este grupo de legisladores, la amenaza de una muerte cruzada constituye una respuesta del Ejecutivo frente al anuncio de una investigación al presidente de la República, Guillermo Lasso, por constar en la lista de los Pandora Papers.

Aclaró que la investigación que llevará adelante la Comisión de Garantías sobre los Pandora Papers será técnico, pues si la Asamblea quisiese ir por el juicio político en contra del primer mandatario, podría haber tomado ese camino, pero el pueblo quiere saber qué ocurrió con quien está en funciones como presidente de la República, si declaró o no que tenía offshore, más allá de la legalidad.

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