EL BLANCO NO FUERON LOS CONSEJEROS ¡ES EL CONSEJO!

Los eventos que terminaron con la censura y destitución de Carlos Tuárez, Victoria Desintonio, Walter Gómez y Rosa Chalá como Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tuvieron su origen antes del llamado a la consulta popular de 2018.

El candidato Guillermo Lasso planteaba en campaña la desaparición del CPCCS pues consideraba que el organismo quitó funciones y atribuciones a la Asamblea Nacional, sobre todo en lo pertinente a elegir a autoridades de Contraloría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Superintendencias y demás, cuya designación hoy corresponde al Consejo de Participación Ciudadana.

La Constitución de Montecristi  cambia el paradigma de las tradicionales funciones del estado republicano que se sustenta en la democracia liberal tridente: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y plantea 5 funciones, las tres anteriores y dos nuevas: Función Electoral y Función de Participación Ciudadana, Transparencia y Control Social.

Esta nueva visión de vivir la democracia que fue aprobada en Montecristi y refrendada posteriormente a través de una Consulta Popular, no tuvo el aval de la vieja partidocracia y las viejas estructuras del poder fáctico conservador y caduco que desde siempre conspiró para echar abajo el CPCCS, pues sus prebendas y canonjías que se tranzaban en el Congreso les permitía tener un margen amplio de corrupción que, supuestamente, mantenía los equilibrios para sostener la democracia.

Aprovechando el alto índice de popularidad con el que arrancó su período Moreno llama a una Consulta Popular que fue calificada como mañosa pues mezclaba temas sociales de alta sensibilidad con temas políticos.

La pregunta tres tenía cuatro preguntas ahí mismo, pues preguntaban: 1) Si estabas de acuerdo en cesar al Consejo de Participación en funciones, 2) Enmendar la Constitución para reestructurar el Consejo, 3) Evaluar a las autoridades de Control, 4) Cesar a las autoridades de control.

Aparte en los anexos planteaban que los nuevos Consejeros debían ser electos por votación popular y que habría un Consejo Transitorio elegido por la Asamblea Nacional con base a las ternas enviadas por la Presidencia de la República. Es decir solo esta pregunta ya era toda una consulta, pero la pusieron junto a temas como el abuso sexual a niños, el tema del Yasuní y otros de sensibilidad social.

La consulta popular legitimó lo ilegal, pues sin consentimiento de la Corte Constitucional que diera luz verde para su realización, el poder fáctico, nuevamente omnipresente, se alió con los grandes medios y, finalmente, ganó el SI.

Lenin Moreno, para cumplir con los planes de la oligarquía debía poner al frente del CPCCS a alguien que pudiera gozar de un determinado nivel de impunidad; por ello, mientras en la campaña hablaba que al Estado debían entrar cuadros jóvenes y limpios de cualquier tipo de corrupción, pone al octogenario Dr. Julio César Trujillo, quien por ser de tercera edad puede romper la Constitución sin preocuparse por ir a prisión pues para este grupo poblacional no aplica prisión y por otra su vida se extinguió casi al mismo tiempo que su cargo.

La coyuntura política impone tomar decisiones claves de cara a las próximas elecciones en el 2021. Debido a esto retoman la propuesta inicial del candidato Lasso  de eliminar, vía Consulta Popular, al Consejo de Participación Ciudadana, pues se demuestra una vez más que son pésimos en elecciones y no les queda otras que el maniqueo político y legal de un Estado que ha dejado de ser de derecho para retornar a las componendas del pasado.

El Juicio político a los Consejeros es por atreverse a utilizar el recurso legal de la revisión, propio de la función pública, es inadmisible; con todas las irregularidades que hay, son los Consejeros del Transitorio los que deberían estar en el banquillo de los acusados.

El líder de la bancada de CREO, Patricio Donoso, dijo que “más allá de quiénes lo conforman lo importante es que debemos eliminar el CPCCS”. Según el asambleísta la destitución y censura a los cuatro consejeros se da por dos razones. La primera tiene que ver con el incumplimiento de la Constitución y la segunda, por el desacato a la resolución de la Corte Constitucional.

Además, manifestó que el CPCCS nunca debió existir y es por eso que desde la Asamblea Nacional se está preparando cambios en la Constitución que permitan eliminar o retirar funciones a este organismo.

Otro asambleísta que entona los designios del gobierno es el Tsáchila Ángel Gende: “Se respira otro aire en la Asamblea, se refleja en el resultado de ayer (14/08/2019). La Comisión de Fiscalización cumple su función. Rechazó amenazas de los exmiembros del CPCCS”, o sea que el gobierno ha logrado consolidar la mayoría al interior de la Asamblea.

Tal es la persecución política y el maniqueo del aparato del Estado que se las arreglaron para dejarle sin presupuesto y que de este modo no le quede más alternativa que despedir a 102 funcionarios, dejándolo completamente acéfalo.

Esta es la gran democracia del gobierno de Lenin Moreno con la que se llena la boca argumentando que representa a todos los ecuatorianos cuando los mismos  ecuatorianos le dicen NO en las urnas a cada rato.

Lo cierto es que desde la ciudadanía ya se habla de que los consejeros destituidos van a ser los próximos candidatos en las próximas elecciones para asambleístas, de hecho algunas organizaciones políticas abrían propuestos patrocinarlos para el evento electoral.

La nueva configuración del CPCCS incluye a los siguientes consejeros: Ibeth Estupiñán reemplazará a Victoria Desintonio; David Rosero, a Walter Gómez; Juan Dávalos, a Carlos Tuárez; y Francisco Bravo, a Rosa Chalá. A ellos le agregamos a Cristian Cruz, Sofía Almeida y María Fernanda Rivadeneira.

Al cierre de este reportaje, se estima que la presidencia del Consejo quedará en las manos de Cristian Cruz y la vicepresidencia con María Fernanda Rivadeneira.

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