Asamblea aprueba ley de registro de violadores, abusadores y agresores de niños, niñas y adolescentes

La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, de 110 legisladores presentes, el proyecto de Ley orgánica de registro ecuatoriano de violadores, abusadores y agresores sexuales de niñas, niños y adolescentes (Revaas). 

El proyecto, aprobado en dos debates, determina que todas aquellas personas agresores de menores ingresarán a una lista y no podrán trabajar en espacios donde haya niños, por ejemplo, en escuelas y colegios, conductores de buses escolares, etc.

Lourdes Cuesta (antes CREO), ponente del proyecto, expuso el contenido del proyecto en diez artículos que crea un registro que será manejado por el Ministerio de Gobierno en donde constará la información tanto del Consejo de la Judicatura y de la Secretaría Nacional de Personas Privadas de Libertad, en donde constarán todas aquellas personas nacionales o extranjeras mayores de edad que hayan sido condenadas por haber cometido un delito en contra de la integridad sexual y reproductiva de los menores. 

La propuesta aprobada establece que quien se encuentra en el registro quedará inhabilitado para relacionarse de manera directa en espacios con actividades relacionados con los niños, niñas y adolescentes.

Toda persona que quiera realizar actividades cerca de niñas, niños y adolescentes deberá presentar un certificado de no estar inhabilitado, con lo cual estará impedido de ejercer cualquier cargo, profesión, voluntariado o actividad cerca de niños.

Cuesta, durante el segundo debate, mostró las cifras otorgadas por la Fiscalía y señaló que en el país existen 6.904 noticias sobre abuso sexual a niñas y niños menores de 14 años.

En el sector educativo, los abusos sexuales, en un 74% son perpretrados por docentes; un 21% por estudiantes; y, 4% por personal administrativo o de limpieza. 

En el registro ecuatoriano de violadores, abusadores y agresores sexuales se incluirá a todas las personas mayores de edad que hayan cometido delitos contra la integridad de niñas, niños y adolescentes. 

El certificado que se entregará en el Ministerio de Gobierno será otorgado al titular de la información o mediante orden judicial, porque según Cuesta, existe el peligro de hacerlo público, porque ahí sí se podría caer en el campo de la discriminación; “pues les aseguro que nadie va a querer contratar a un agresor de niños, y ahí si estaríamos atentado contra el derecho al trabajo”. (I)

F. El Universo

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