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Letalidad alta y violentos motines: cómo impactó el coronavirus en las cárceles argentinas

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El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) en Argentina reveló que la pandemia ha dejado un saldo de 1.755 casos positivos en los centros de reclusión del país, 208 muertes y el establecimiento de protocolos sanitarios que solo se lograron después de que los presos realizaran protestas e incluso violentos motines.

Al desglosar los datos, el organismo reportó que desde el 18 de marzo de 2020 al 23 de agosto se registraron 451 contagios de coronavirus en unidades penitenciarias (de los cuales 308 se recuperaron), 209 en dependencias policiales o comisarías, 87 en instituciones de salud mental, 123 en instituciones de Niñez y Adolescencia y 885 en geriátricos.

Detalló, además, que hasta ahora se han confirmado 10 muertes en unidades del Servicio Penitenciario Federal, ocho en establecimientos del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, dos en prisiones del Servicio Penitenciario de Jujuy y tres en dependencias policiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El caso más grave lo padecen las personas detenidas en geriátricos, ya que en estos lugares ha habido 185 fallecimientos y ningún recuperado.

Estas cifras, de acuerdo con el organismo estatal, demuestran que la tasa de letalidad es del 4,4 % en unidades penitenciarias, lo que duplica a la registrada en la población en general, que es del 2,1 %.

“Dicha información cobra relevancia si se considera que la población mayor a 55 años (población de riesgo) en las unidades penitenciarias representa el 6,0 %, mientras que en la población argentina en general la misma franja etaria representa el 19 %”, señaló.

Esto significa, agregó, que pese a que en las unidades penitenciarias la población mayor a 60 años se encuentra subrepresentada en relación a la estructura poblacional argentina, el riesgo de fallecimiento por covid es sensiblemente mayor en las prisiones, lo que podría explicarse por las deficientes condiciones del sistema carcelario.

“La situación de emergencia sanitaria originada por la pandemia representa una amenaza concreta y extrema para las personas privadas de su libertad, en un contexto signado por las precarias condiciones de salubridad e higiene, la sobrepoblación y el hacinamiento”, advirtió el documento.

Rebeliones

El organismo también elaboró un pormenorizado registro de las protestas realizadas por los reclusos desde que comenzó la pandemia y que suman 46 movilizaciones en todo el país. La exigencia era la misma: más y mejores protocolos para evitar la propagación del coronavirus.

Destacan las 11 manifestaciones realizadas en Buenos Aires y seis en Mendoza. En Río Negro y Santa Fe hubo cuatro, respectivamente, y en Córdoba, Corrientes y Entre Ríos, tres.

El caso más grave ocurrido ha sido el motín que protagonizaron el 23 de marzo y de manera simultánea los reos de diferentes centros penitenciarios en la provincia de Santa Fe, en reclamo de mejoras sanitarias para enfrentar el coronavirus. El saldo de los enfrentamientos con los guardias fue de cinco presos muertos, dos de ellos calcinados.

Otro motín que encendió las alarmas fue el ocurrido a fines de abril en la prisión de Villa Devoto, en Buenos Aires, en donde se vivió una jornada plagada de violencia y tensión, con los reclusos que se subieron a los techos de la cárcel armados con palos y cuchillos.

Además, miles de presos realizaron una huelga de hambre en diferentes cárceles para exigir su traslado a detenciones domiciliarias por temor a engrosar las listas de víctimas del coronavirus.

Las medidas extremas reflejan que la emergencia de salud agrava la crisis carcelaria en un país en donde, de acuerdo con datos oficiales de la Procuración Penitenciaria, hay más de 14.000 personas detenidas en centros federales, aunque la capacidad máxima es para 12.000. La sobrepoblación se repite en todos los niveles ya que, si se toman en cuenta cárceles provinciales y comisarías, en Argentina hay más de 100.000 presos. Además, el 60 % de ellos cumplen prisión preventiva, lo que implica que ni siquiera han sido condenados y, aun así, siguen encerrados.

Recomendaciones

A sabiendas de la crisis de sobrepoblación, de los crecientes reclamos de los presos y de los riesgos de motines y estallidos de violencia, la Cámara Federal de Casación Penal, uno de los máximos órganos judiciales de Argentina, recomendó a los tribunales que facilitaran el otorgamiento de detenciones domiciliarias a mujeres embarazadas o que estén con sus hijos menores en los penales.

También abogó por los grupos de riesgo de contraer coronavirus, personas que padecen enfermedades crónicas, reos imputados de delitos no violentos, que estén cumpliendo condenas menores a tres años o que ya puedan acogerse al beneficio de salidas transitorias o libertad condicional.

Las presiones para obtener la domiciliaria han sido particularmente insistentes por parte de los represores condenados por delitos de lesa humanidad, la mayoría de los cuales está detenido en Campo de Mayo, un complejo militar exclusivo para este tipo de criminales que se asemeja más a una casa de retiro y que, además, no padece hacinamiento alguno.

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