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La empresa española que intermedió la venta de 170 respiradores a Bolivia acusa al gobierno de Áñez de haberlos perdido

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La empresa española IME Consulting Global Services SL, intermediaria en la compra de los 170 respiradores cuya adquisición está siendo investigada en Bolivia por posibles sobrecostes, ha acusado al gobierno de facto de Jeanine Áñez de haberlos extraviado, después de que este demandara la rescisión del contrato de compraventa y la devolución de los 2,2 millones de dólares que costaron los equipos, a cambio de su retorno.

El representante legal de la empresa española, Ramiro Vega, ha aseverado durante una intervención en Radio Fides que la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), dependiente del ministerio boliviano de Salud, “solo ha podido encontrar 75” de los aparatos, lo que significa, según este abogado, que “el Gobierno confiesa que no sabe dónde están los respiradores que se les ha entregado”.

Vega apuntó directamente al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y a la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez como los causantes de la situación, y les atribuyó además una “irresponsabilidad administrativa” al “pedir que se saltasen todos los protocolos para acudir directamente a un acto político para exhibir los respiradores”.

Una polémica transacción

Sus declaraciones tienen lugar apenas dos días después de que el ministro de Justicia de Bolivia, Álvaro Coimbra, anunciara que su gobierno había solicitado la rescisión del contrato de compraventa de los respiradores, que en cualquier caso no servían para prestar asistencia a los pacientes más graves de covid-19, de acuerdo con el propio dirigente boliviano.

“Nosotros hemos respondido que queremos la resolución del contrato; eso significa la devolución de los 2.200.000 dólares al Estado y nosotros devolvemos los respiradores que llegaron a Bolivia”, planteó Coimbra.

Los ventiladores pulmonares fueron fabricados por la compañía española GPA Innova, y su venta fue intermediada por la mencionada proveedora IME Consulting Global Service SL, que estableció un precio de 28.080 dólares por unidad. Sin embargo, lafábrica aclaró posteriormente que cada respirador tenía un costo de 7.234 dólares, por lo que se estima un sobreprecio de 3,3 millones de dólares, cuya aplicación se está investigando como una posible infracción.

El caso ya provocó la destitución del ahora exministro de Salud Marcelo Navajas, que fue además detenido y enviado a prisión preventiva. También están siendo investigados el exdirector jurídico del Ministerio de Salud Fernando Valenzuela y el exdirector de Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) Giovani Pacheco, entre otros altos funcionarios del Ejecutivo de Áñez.

Según afirmó el propio Coimbra, “en las próximas semanas, máximo en 15 días, van a salir las acusaciones, en contra de todas las personas que han sido denunciadas” en el marco de este caso.

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