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Jorge Glas, entre 15 acusados de peculado por bloque petrolero Singue

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La Fiscalía General del Estado acusó como autores del presunto peculado a 15 personas, entre ellas, el exvicepresidente Jorge Glas (recluido en la cárcel de Latacunga) y los exministros Carlos Pareja Yannuzzelli (preso en la cárcel de Ambato) y Wilson Pástor, por la licitación del bloque petrolero Singue, ubicado en la Amazonía.

Esto luego de que el juez de Garantías Penales, Iván Saquicela, desechara los pedidos de nueve de los procesados de que se declare nulo el proceso dentro de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio realizada en la Corte Nacional de Justicia. Adujeron que el Informe con Indicios de Responsabilidad Penal era extemporáneo porque –argumentaron– el tiempo para presentar el documento rebasó el plazo establecido.

Saquicela consideró entre otros elementos que no ameritaba analizar si el informe de la Contraloría estaba o no caducado. Sostuvo, por ejemplo, que desde 1998, la Constitución determina la imprescriptibilidad de delitos como de peculado.

Con la declaratoria de validez procesal, la fiscal general Diana Salazar acusó a Glas, Pareja, Pástor, María Espinosa, Aníbal Cazar, Juan Silva, Jorge Andrade, René de Mora, Julio Cárdenas, Milton Jiménez, José Burgos, Alfredo Herrera, César Guerra, Gustavo Donoso y Silvana Pástor como autores. Contraloría determinó indicios de responsabilidad penal por un perjuicio al Estado debido a la incorrecta definición de la tarifa para la beneficiaria del contrato (Consorcio DGC).

Luego pasó a narrar los hechos que generan el presunto delito. Según Salazar, en abril del 2012, el Estado y DGC suscribieron un contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación del bloque luego de que esa firma fuera la única oferente dentro de la X Ronda Petrolera.

Agregó que la Contraloría estableció indicios de responsabilidad penal, pues estableció que no procedía la adjudicación porque el consorcio no cumplía los requisitos de las bases.

La Comisión de Calificación lo integraron De Mora, Jiménez, Herrera, Cruz y Silva. Ellos presentaron un informe al Comité de Licitación indicando que el consorcio cumplía y era la única oferta.

Agregó que la empresa operadora Digoil, representada por Guerra, no tenía experiencia hasta el 2011 como operador en campos petroleros. Pese a ello, el Comité aprueba. Luego un equipo negociador (De Mora, Herrera, Burgos, Cárdenas y Jiménez) sigue con el trámite. Un informe de ese equipo fue aprobado por el Comité integrado por Pareja Yannuzzelli, como viceministro de Hidrocarburos; Glas, como ministro de Sectores Estratégicos, y Espinosa como coordinadora jurídica.

La tarifa acordada fue de 33,50 por barril producido y entregado aunque la tarifa debió ser de 32,45. Se recomendó a Wilson Pástor, ministro de Recursos No Renovables, la adjudicación del contrato.

Supuestamente hubo un perjuicio para el Estado de más de $ 5,2 millones por esa tarifa.

Salazar agregó que luego se estableció, mediante la investigación y una pericia contable, que el perjuicio estatal fue de más de $ 28,4 millones hasta septiembre del 2016. El contrato suscrito está vigente con una duración de 20 años.

La funcionaria también se refirió a la transferencia de participaciones entre Digoil y Genteoil, que formaban el consorcio. Dijo que no hubo sustento de calificación. Indicó que Genteoil al 2012 no se encontraba domiciliado en Ecuador.

Señaló que Pástor, Cazar, Donoso, Glas y Pareja Yannuzzelli conocieron que hubo una oferta presentada con otra tarifa (29,3) pero permitieron que se firme el contrato. Refirió que Silvana Pástor (hija del entonces ministro Wilson Pástor) en 2012 fue contratada por Genteoil, y en 2014 fue nombrada apoderada, quien suscribió un contrato modificatorio.

La audiencia se retomará este martes a las 09:30 en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia. (I)

F. El Universo

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