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Jalkh-el-verdugo se pasó de vivo

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Gustavo Jalkh esperó casi cuatro años para tratar de recuperar lo que perdió cuando el correato estaba desmoronándose: la presidencia del Consejo de la Judicatura. Él, quien pasó a la historia del país por haber sido quien concretó el asalto de Rafael Correa a la administración de Justicia, presentó una acción de protección pidiendo que se le reintegre a la Presidencia de la Judicatura, que fue negada por la juez Cecilia Simbaña por improcedente.
El pedido también estaba firmado por los otros miembros del Consejo de la Judicatura que, al igual que Jalkh, respondían incondicionalmente a los intereses del gobierno de Correa: Elena Jiménez, Karina Peralta, Rodrigo Subía y Néstor Arbito. La demanda buscaba que se declaren vulnerados los derechos constitucionales de los cuatro ex vocales del Consejo de Participación y de Jalkh, al haber sido cesados en sus funciones en 2018 por el CPCCS transitorio.
Los demandantes que no asistieron a la diligencia personalmente aseguraron, en su acción, que se les habría vulnerado derechos como el debido proceso en relación a la garantía de presunción de inocencia, el derecho a no ser privado de la defensa, a ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones, a replicar los argumentos de las partes, a ser juzgado por un juez independiente e imparcial, a contar con resoluciones motivadas y en relación al derecho a la seguridad jurídica.
Jalkh es uno de los emblemas del correato: luego de haber sido secretario particular de Correa y su ministro de Justicia, fue presidente del Consejo de la Judicatura y ahí ejecutó uno de los proyectos más importantes para el correísmo: apoderarse de la justicia colocando jueces incondicionales para tener mayor control sobre la sociedad.
¿Jalkh realmente pensaba que con su acción de protección iban a devolverle el cargo a él y a sus cuatro compañeros? En este tema hay dos lecturas de abogados pero que, al final, se encuentran.  Por un lado, los que piensan que el ex operador de Correa en la Justicia está buscando agotar las instancias judiciales nacionales, para luego llevar su  caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanas y exigir así una indemnización del Estado. Según esta hipótesis, Jalkh ahora apelará ante una Corte Provincial que seguramente también le negará y luego irá al Sistema Interamericano. Reintegrarse a su cargo, en estas circunstancias, hubiera sido un escándalo mayúsculo y no hubiera funcionado.
No todos comparten esta lectura. Un recurso internacional toma entre 8 y 10 años y, si ese fuera el caso, Jalkh hubiera presentado la acción de protección hace un par de años para ganar algo de tiempo. Otra hipótesis apunta a que lo que  está haciendo Jalkh es aprovechar la cercanía de la segunda vuelta y, consciente de que la candidatura correísta tiene posibilidades de ganar, intentar conseguir su objetivo. No hay que olvidar, dicen quienes creen en esta tesis, que el 85% de los jueces que trabajan en el sistema judicial fueron puestos por él y, con la probabilidad de que el correísmo regrese, bien podían fallar a su favor.  Se trata, sostienen, de un intento para ver si cuaja el pedido, sobre todo ahora que el balance del poder puede cambiar y que hay muchas alineaciones políticas en casi todas las instituciones del Estado ante un eventual triunfo del correísmo.
Las dos tesis, en todo caso, no se excluyen. Si la acción de protección es aceptada gracias a un ambiente político propicio para el correísmo, el ex presidente del Consejo de la Judicatura podría volver a ocupar el cargo. Pero si eso no ocurre, y si el juez provincial no le acepta la acción de protección, Jalkh puede recurrir con esa negativa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esperar años para ver si su aspiración se concreta o no.
Jalhk, en todo caso, ha tenido un gesto de enorme audacia. Salió del Consejo de la Judicatura destituido por el CPCCS en medio de enormes escándalos y repudio. La llamada Mesa por la Verdad y Justicia, que hizo un informe sobre la gestión de Jalkh, encontró que, por presión política de Correa, él coaccionó a jueces, notarios, secretarios y fiscales para que actúen de la forma en que le convenía al régimen del cual hacía parte. Luego, una serie de correos electrónicos se filtró poco antes de que deje el cargo en los que se evidenciaba cómo Correa se apropió de la Función Judicial dando órdenes y presionando a jueces por intermedio de Jalkh. También se le acusó y la Contraloría lo observó por haber hecho inmensos actos de corrupción a la hora de construir las inmensas y costosas instalaciones del Consejo de la Judicatura en todo el país. «Correa quiso tomarse la justicia, Jalhk lo ejecutó», dijo sobre él Luis Pásara, peruano y experto en sistemas judiciales. Ahora, por la inminencia de un eventual retorno del correísmo, este emblema viviente del modelo autoritario de Correa ha vuelto a sacar la cabeza del pozo en el que se hallaba.

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