La OEA dice que el Tribunal Constitucional de Perú debe arbitrar en la crisis política del país

La Organización de Estados Americanos dijo el martes que el Tribunal Constitucional de Perú debe pronunciarse sobre la legalidad de la disolución del Congreso por parte del presidente Martín Vizcarra y de la respuesta del Parlamento, que suspendió por un año al mandatario y lo reemplazó por la vicepresidenta.

En un comunicado la OEA valoró como un “paso constructivo” que Vizcarra haya convocado poco después a elecciones legislativas para el 26 de enero de 2020 “y que la decisión definitiva recaiga sobre el pueblo peruano”. Los nuevos 130 legisladores culminarán su gestión el 28 de julio de 2021 cuando junto a Vizcarra entregarán el poder a la siguiente administración Ejecutiva y Legislativa.

Aunque Perú amaneció este martes sumido en la incertidumbre, el país parecía apoyar la decisión de Vizcarra de disolver el Congreso. Miles de peruanos salieron la víspera de forma espontánea a celebrar el “cierre del nido de las ratas”, en referencia al desprestigiado Parlamento unicameral, mientras las fuerzas armadas y policiales junto a la Asamblea de Gobiernos Regionales le mostraron su respaldo.

Por el contrario, la vicepresidenta Mercedes Aráoz no recibió apoyo de ninguna institución pública excepto del Parlamento luego de que fuera disuelto, por lo que sus decisiones no tienen ningún valor, dijo César Landa, profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Las decisiones parlamentarias son “como los frutos de un árbol que ya están podridos”, añadió.

Pero otros abogados consideraron que Vizcarra realizó un mal manejo político de la situación. “El presidente ha traspasado todos los límites, se ha ido más allá de lo debido”, dijo Raúl Ferrero, quien era senador cuando en 1992 el Congreso fue disuelto por el entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000), el más reciente episodio de este tipo en la historia peruana.

El presidente del disuelto Congreso, Pedro Olaechea, admitió en una conferencia con la prensa internacional que “por el momento” era presidente de la Comisión Permanente, el órgano de casi 30 parlamentarios que sobrevive tras la disolución y únicamente acumula los decretos de urgencia con los que Vizcarra legislará hasta que se instale el nuevo Congreso en 2020.

Poco antes dijo a la colombiana Blu Radio que Vizcarra había dado “un golpe de Estado” y admitió que será un “tema legal, largo, tedioso y delicado” definir quién es el presidente de Perú.

Precisamente el Tribunal Constitucional, conformado por siete magistrados y clave en el manejo del poder, fue el centro de la disputa que desencadenó la disolución del Parlamento. Vizcarra buscaba que el Congreso escogiera a sus integrantes, pero añadiendo nuevos y con más rigurosos filtros para su elección, pero el Parlamento hizo caso omiso al pedido y eligió a uno de ellos. Esa actitud provocó el cierre del Legislativo.

El Tribunal Constitucional debe definir pronto la liberación o permanencia en prisión de Keiko Fujimori, líder del partido que dirigía el Parlamento y que está detenida mientras es investigada por supuestamente haber recibido dinero sucio de la constructora Odebrecht para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, en las que fue derrotada.

El Tribunal también debe decidir si la fiscalía puede investigar a más de dos decenas de congresistas que habrían recibido dinero de Odebrecht para sus campañas. Su nueva composición se convirtió en el epicentro de la batalla entre el gobierno de Vizcarra, que lanzó una cruzada anticorrupción en 2018, y el Parlamento cuyos integrantes necesitaban tener magistrados afines a sus intereses.

Se espera que Vizcarra y su nuevo primer ministro, Vicente Zeballos, nombren pronto a su gabinete y una de las expectativas más grandes es conocer quién será el nuevo ministro de Economía.

Jorge González, profesor de política económica de la Universidad del Pacífico y exministro del expresidente Fujimori, dijo a la radio local RPP que la inestabilidad institucional genera incertidumbre, la cual afecta normalmente dos variables importantes para la economía local: el comportamiento de la inversión privada y el consumo privado, que suman el 80% de la economía peruana.

Agregó que el presidente Vizcarra debe elegir a un ministro que despierte confianza en los mercados nacionales y e internacionales. El poderoso gremio empresarial peruano CONFIEP, cuya presidenta es afín a la oposición parlamentaria, rechazó la decisión de Vizcarra y lo acusó de haber “sumergido al país en una grave incertidumbre”.

Unos 300 policías mantenían rodeado el Parlamento y el general policial Jorge Lam dijo a la prensa que sólo estaban autorizados a ingresar al edificio los miembros de la Comisión Permanente. Dos legisladores opositores, Gilbert Violeta y Carlos Tubino, afirmaron a la prensa que habían recibido agresiones físicas por parte de simpatizantes del gobierno de Vizcarra.

Otros dos legisladores opositores, Víctor García y Roberto Vieira, intentaban viajar a Estados Unidos alegando motivos familiares. García dijo a la prensa que regresará en dos días.

Antecedente de cierre con diferencias 

En 1992, además de disolver el Parlamento, Fujimori también cerró la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, detuvo al presidente del Legislativo, sacó los tanques de guerra a las calles y censuró a la prensa tras enviar escuadrones de militares que entraron por la fuerza a las redacciones, emisoras y televisoras.

Fujimori se mantuvo ocho años más en el poder y fue reelecto dos veces. Abandonó la presidencia en el año 2000 tras varios escándalos de corrupción y finalmente dimitió desde Japón, adonde había huido. Fujimori está sentenciado a 25 años de prisión por su responsabilidad en el asesinato de 25 peruanos durante su gestión. También está sentenciado por corrupción.

“Los peruanos no derramarán muchas lágrimas”, dijo Steven Levitsky, un politólogo de la Universidad de Harvard que ha estudiado extensamente a la nación, en referencia al disuelto Congreso. “Por ahora la democracia es probablemente segura porque todo el mundo es débil”, añadió. “Eso garantiza cierto pluralismo, pero deja a Perú vulnerable a un político demagógico”. (I) 

F. El Universo

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