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“El ecocidio, etnocidio y terricidio avanzan peor que el virus”: Las conclusiones de la primera Asamblea Mundial de la Amazonia

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“Se levanta la lucha de los pueblos amazónicos, atacados en sus territorios, memorias y culturas. Crece el grito ensordecedor de la selva, derribada, quemada, saqueada por el extractivismo violador, que solo obedece al poder y a la codicia”, concluye la declaración de la primera Asamblea Mundial de la Amazonia, que se realizó el pasado fin de semana de forma virtual, con participantes de los nueve países panamazónicos: Perú, Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Surinam y Colombia.

Más de 1.000 indígenas amazónicos han fallecido en los últimos cuatro meses, víctimas de la covid-19, y unos 20.000 se han contagiado, según los últimos datos de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM). “Nos une el dolor, nos une la emergencia, nos une la esperanza, la rebeldía (…) Estamos de luto por una pandemia que se ha llevado nuestros abuelos y abuelas, nuestras familias. El mundo también está de luto pero a pesar de eso no quiere despertar todavía”, expuso Gregorio Mirabal, coordinador general de la COICA, en el discurso de apertura de la Asamblea.

Entre las demandas expuestas a los gobiernos amazónicos figura el cese de actividades extractivas que están actuando como vector de contagio de las poblaciones locales, auxilios públicos de alimentación e insumos sin tener que salir de los territorios, así como la garantía de personal de salud y de materiales médicos para tratar a las poblaciones de la Amazonia frente a la pandemia de coronavirus.

Todo ello con un énfasis especial en la necesidad de respeto por las diferencias étnicas y culturales, tanto en los tratamientos médicos como en la elaboración de las estadísticas, que incluyan también las cifras de pueblos indígenas que viven en las ciudades.

Del total de los 375 pueblos indígenas amazónicos reconocidos oficialmente, 172 de ellos ya presentan casos de contagio y muerte por la covid-19. Este 10 de julio, varios representantes de pueblos originarios de la Amazonia se reunieron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunciaron el abandono del Estado y solicitaron que intercedan para que los gobiernos garanticen el respeto a los derechos de estos pueblos, principalmente en este momento de urgencia sanitaria.

El grupo de trabajo sobre el coronavirus concluyó que la amenaza actual de la pandemia es el resultado de varios factores que confluyen, entre los que se destacaron la aglomeración en urbes más grandes y pobladas, la cría de animales muy concentrados en granjas industriales, los efectos del cambio climático, uso de transgénicos, cambios de alimentación y consumo, así como actividades destructivas del medio ambiente, como la deforestación y la minería.

“Hay una minga [grupos comunitarios de trabajo] de resistencia dentro de las comunidades del bosque, del campo y de las ciudades, que se organizan frente a la devastación y al hambre que continuarán después de esta pandemia. Porque el ecocidio, etnocidio y terricidio avanzan peor que el virus“, añade la declaración final de la Asamblea.

La destrucción producida por la minería y la ganadería

Además de los impactos del coronavirus en la Amazonía, durante el encuentro mundial se abordaron otros dos ejes principales: el boicot a las actividades económicas predatorias y la movilización, tanto regional como internacional, para proteger a los ecosistemas y a los habitantes de esta región. La cuenca del río Amazonas alberga 3.344 Tierras Indígenas (TI) delimitadas y homologadas, así como 522 áreas naturales protegidas (ANP).

Según los estudios de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) presentados en la Asamblea, la minería ocupa ilegalmente 36 millones de hectáreas de territorios indígenas demarcados y 22 millones de hectáreas de ANP en la Panamazonia.

Asimismo, identificaron concesiones de extracción de gas y petróleo sobre 21 millones de hectáreas de tierras indígenas y en 6 millones de hectáreas de ANP.

La ganadería es la principal responsable de la tala de la Amazonía: 4,8 millones de hectáreas de tierras indígenas y 5,5 millones de hectáreas de ANP están deforestadas, como resultado de actividades criminales para colocar pasto y ganado para la venta de carne.

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