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Defensor del Pueblo protesta por la falta de información desde el Ministerio de Salud sobre las irregularidades en la emisión de carnés de discapacidad

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El Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, protestó ante la Comisión de Salud que investiga los casos de irregularidades en la emisión de carnés de discapacidad, la falta de información por parte del Ministerio de Salud para hacer el seguimiento sobre los responsables de esa emisión fraudulenta y el uso doloso de esas credenciales

Carrión compareció este 19 de agosto ante la Comisión que investiga el caso e insistió que el Ministerio de Salud dejó en un segundo plano este caso de la emisión irregular de carnés de discapacidad y que tampoco existen resultados concretos sobre las sanciones administrativas a los funcionarios que habrían estado inmersos en esta red de emisión fraudulenta de credenciales.

El funcionario, en su exposición, recogió toda la información que al momento se conoce en el campo judicial y respecto a los políticos y autoridades que han sido nombrados en este escándalo por una supuesta emisión fraudulenta, pero insistió que no hay información que permita conocer las razones por las cuales se anularon carnés de discapacidad por supuestas irregularidades.

Desde el 1 de julio se ha pedido información necesaria para hacer la vigilancia necesaria, pero lo que ha hecho el Ministerio de Salud es suspender las claves de acceso al sistema informático en línea, mientras se suscriben acuerdos de confidencialidad con quienes estarán a cargo de la calificación y emisión de carnés, anotó Carrión, quien pidió a la Asamblea actuar frente a los casos denunciados que involucran a legisladores.

Señaló al Ministerio de Salud y el Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis), como las instituciones responsables en este proceso de emisión de carnés, y que hacia allá van las acciones de la Defensoría del Pueblo para que cumplan con sus funciones; pues en el caso del Ministerio tiene la facultad de emitir el documento que acredite la calificación de discapacidad, la condición y su porcentaje; en cambio, el Conadis tiene registradas cerca de 480 mil personas con discapacidad desde 1996 hasta el 2020.

Destacó que anteriormente los beneficios tributarios se aplicaban para las personas con discapacidad a partir del 40%, pero que desde junio de 2017, esos beneficios se aplican a las personas que tienen igual o superior al 30% de discapacidad debidamente calificada por el Ministerio de Salud.

Explicó que el beneficio tributario es del 60% cuando el grado de discapacidad alcanza hasta un 49%; y desde el 50% hasta el 74%, los descuentos tributarios son del 70%; y hasta llegar al 100% cuando la discapacidad supera el 85%. Pues el funcionario consideró que cuando una persona supera el 80% de la discapacidad es una persona que se encuentra limitada casi en su totalidad de sus actividades sociales que pueda desarrollar de forma autónoma e independiente, y que depende de una tercera persona.

Respecto a la importación de vehículos con el beneficio del carné de discapacidad afirmó que hubo un incremento en los últimos años, pues desde el 2008 hasta el 2015 se importó 3.654 vehículos; es decir, un promedio de 365 automotores por año para personas con discapacidad.

Pero que en el 2019 la cifra trepó de manera desproporcionada, pues en un solo año se obtuvo 4.426 autos importados; y en lo que va del 2020 existen 1.420 vehículos. Por lo que dijo que hay una gran afluencia en las importaciones aprovechándose de los beneficios de los carnés, cuando el mismo Ministerio de Salud ha señalado que aproximadamente 2.900 carnés presentarían irregularidades en su emisión.

Inconstitucionalidad del Decreto

El Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, dijo que las irregularidades advertidas obligaron al Primer Mandatario a suspender cualquier tipo de exoneraciones de aranceles para la importación de vehículos para personas con discapacidad, por lo anunció que preparan una acción de inconstitucionalidad al Decreto 1097 emitido tras el escándalo, porque generaliza un problema particular y darle un carácter general a todas las personas con discapacidad, lo cual va en contra de una política garantista de Derechos Humanos, que por el problema de ciertas personas que se aprovecharon del carné no se puede trasladar las consecuencias negativas a quienes sí requieren de los procesos de exoneración de aranceles para la importación de vehículos.

El Defensor del Pueblo dijo que los problemas no se resuelven suspendiendo los efectos de manera general, sino determinando e identificando el problema incluida la sanción respectiva para aquellos que usaron el carné para importación de vehículos de alta gama sin los debidos procesos de pagos de impuestos, y son a esas personas a las que se tiene que re facturar, detener los vehículos e inclusive obligar a que cancelen aquellas exoneraciones tributaria previa a la cancelación de la credencial.

Como acciones concretas el Defensor del Pueblo dijo que el 8 de julio pidió al Primer Mandatario cesar en el cargo a aquellas personas que han permitido que se comentan este tema de irregularidades y que hay responsabilidad política del Ministro de Salud, porque sus acciones son insuficientes porque no termina de procesar e identificar a aquellos funcionarios que cometieron el delito.

Que se han presentado varias denuncias de colectivos sobre la estigmatización de las personas de discapacidad. Que el colectivo Derechos Ecuador ha señalado que a muchos de sus asociados no se ha entregado el carné y han tenido dificultades para su obtención. (I)

F. El Universo

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